En la batalla de aperturistas y xenófobos, lo que más sorprende es la postura adoptada por el CSD, que en plena campaña gubernamental por el sí a la Constitución Europea respalda un acuerdo que limita la llegada de comunitarios. Incluso acepta la discriminación entre ciudadanos españoles, con más o menos opciones de jugar en la ACB según sean o no seleccionables. Ahora que la Constitución Española borrará la homosexualidad de la lista de pecados cívicos, el baloncesto introduce el pasado deportivo como posible estigma irrecuperable. ¿Doble lenguaje del PSOE o simple tardofranquismo de algunos colaboradores de Lissavetzky? Una denuncia en cualquier juzgado derribaría esas restricciones a las fichas profesionales.

Desde lejos, la ubicación de trincheras (a un lado la ACB, enfrente el eje FEB-ABP-CSD) sugiere un panorama involucionista. La ACB, que entre sus múltiples pecados tiene el ser claramente deficitaria, firmaría su sentencia de muerte si acepta un mínimo de seis seleccionables por equipo, lo que aparejaría inflación de salarios y descenso en la calidad del espectáculo. Si se desploma el entramado ACB, la Federación recuperaría el control de la Copa del Rey, y su competición líder, LEB, sería la primera del país. El pecado de la autogestión concedida a las sociedades deportivas quedaría en mal sueño.