Cuando Raffaele Guariniello, el fiscal de Turín, nos visitó el pasado abril en el Foro AS, nos dejó esta reflexión: "Sin los instrumentos de la justicia penal, la batalla contra el dopaje está perdida de antemano". En Italia van más allá que nadie con su ley antidopaje y tienen la opción de castigar con la cárcel al deportista que se dopa. Al final ninguno acaba entre rejas, pero esa amenaza sirve para arrancar confesiones, como sucedió con Ivan Basso. En Estados Unidos tienen el perjurio, que se castiga con penas de prisión, como ya le ocurrió a Marion Jones. Ahora Lance Armstrong quiere confesar: no porque se haya arrepentido de sus trampas, en absoluto, sino porque sabe que mintió a la justicia y ahora busca un pacto para no terminar en la trena.

Aquí tenemos una justicia diferente. De momento ha servido para devolverle una Vuelta a España a Roberto Heras por un defecto de forma a pesar de su positivo con EPO, o para anular unas escuchas de la Operación Galgo en las que había "una conducta reprochable", como reconoció el propio juez en el texto que archivaba el caso. El día 28 comienza el juicio de la Operación Puerto. Varios acusados han admitido la práctica de transfusiones, pero como lo que se va a juzgar ahí es un delito contra la salud pública, si no ha habido daño al deportista, no va a haber condena. Tampoco habrá sanción federativa a los ciclistas, pues la ley no permite trasvasar las pruebas al ámbito administrativo. En España, los 'instrumentos penales' no ganan la batalla antidopaje.