Entre faroles, mentiras (Eufemiano dice que tiene derecho a decirlas), verdades a medias, pérdidas de memoria y anuncios de querellas transcurre el juicio oral de la Operación Puerto ante una prensa internacional perpleja, y una nacional más escarmentada, porque aquí nos han repetido por activa y por pasiva que éste no es un juicio contra un presunto delito de dopaje, sino contra la salud pública. El caso es que ha terminado la primera semana del juicio, y la impresión es que seguimos donde estábamos: en un limbo jurídico en el que conviven druidas, gurús, mercaderes, tramposos y vaya usted a saber cuántas malas gentes más. Lissavetzky ya denunció la existencia de ese limbo, y un gobierno después seguimos igual.

El problema es evidente: la vía penal tiene preferencia sobre la administrativa, que es la que resuelve las sanciones por dopaje, y mientras no se resuelva la primera, no se van a facilitar las pruebas para incoar expedientes a los deportistas tramposos. El juicio de la Operación Puerto está demostrando la necesidad de reforzar la colaboración entre la justicia y la administración deportiva para evitar disfunciones como las que estamos viendo, y que fueron aprovechadas por la prensa internacional para sacarnos los colores. El ofrecimiento de Eufemiano de identificar cada una de las bolsas y el posterior rechazo de la juez a ello es un ejemplo clarificador de que poco vamos a sacar en limpio sin esta necesaria colaboración.