Hacienda se dispone a derogar la ley por la cual las empresas que financian el deporte obtienen importantes ventajas fiscales. Es una ley aprobada en 2002 y que exime del impuesto sobre sociedades las rentas “que procedan de la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en las que participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de su exclusiva competencia”. Bajo este paraguas las deducciones fiscales han llegado a ser del 90%, y casi siempre con motivo de regatas de vela. Ante tales facilidades, las empresas privadas invertían con generosidad, pero al final pagábamos todos, porque era un dinero que dejaba de ingresar Hacienda.

El resultado era una financiación pública encubierta, y es con lo que se dispone a acabar Hacienda. Pero una cosa es poner fin a los abusos, y otra desanimar a los empresarios a invertir en el deporte. Ahí es donde habrá que diferenciar. Organizar un Mundial está muy bien, pero no hay necesidad de declararlo “acontecimiento de excepcional interés público”, cuando parte del presupuesto se lo lleva el canon que cobra la Federación Internacional de turno, canon que suele ser tan abusivo que nunca se hace público para no caer en vergüenza. Cuestión aparte es la financiación de los deportistas, cuyos éxitos nos llenan a todos de orgullo. Facilidades para invertir en ellos, todas; lo otro, lo de hacer campeonatos, es negocio, y es oportuno que Hacienda intervenga.