El Giro de Italia celebró el martes su primera etapa en alto en el volcán Etna. Fue inevitable recordar a su último ganador en 2011, Alberto Contador, descalificado luego por un positivo. Si uno piensa en los deportistas españoles más relevantes que han cumplido sanción por dopaje, Contador, Alejandro Valverde y Marta Domínguez aparecen en vanguardia. A todos se les suspendió con controles fuera del país. Roberto Heras, sin embargo, fue atrapado en Madrid en 2005. De poco sirvió. En su momento se consideró un avance en nuestra lucha antidopaje, porque hasta entonces no se cazaba ni a una mosca. Pero después de un embarullado proceso de recursos en la justicia, Heras ha logrado la anulación de su positivo por defectos de forma y una cuantiosa indemnización del Estado, que ahora pagaremos entre todos.

Ninguna sentencia dice que Heras no consumiera EPO. Un año después apareció también en el sumario de la Operación Puerto, en cuyo juicio nunca se cuestionó si había dopaje o no. Lo había. La controversia era si se cometió un delito contra la salud pública, que es otra cosa. Los jueces españoles acumulan una alarmante aportación a la lucha antidopaje: en la Puerto, absolución; en la Estrobo, absolución; la Galgo, archivada; Heras, indemnizado… Aquí sólo ganan los abogados. Existe un problema, es obvio. Quizá en la instrucción. Quizá en la sensibilidad de los jueces. Quizá en la tibia voluntad política. Cuando se pudo reabrir el caso de Ezequiel Mosquera, ninguna autoridad deportiva puso interés. Es lo mismo que ocurre con los expedientes de la OP de Manolo Saiz, Ignacio Labarta y Vicente Belda. Todos silban y miran a otro lado.