A mediados de 2012, el Consejo Superior de Deportes recibió una carta de la AMA en la que se quejaba de que no había recibido información de unos 80 expedientes de dopaje españoles desde 2008. Conocían los resultados analíticos adversos, pero desconocían sus resoluciones. Eran tiempos en los que la lucha antidopaje se dividía en una incomprensible bicefalia. Por un lado, la Agencia Estatal (AEA), teóricamente independiente, hoy rebautizada como AEPSAD. Por otro, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Deporte, adscrita al CSD. Para rematar, eran las federaciones las que tenían la potestad de sancionar. Cada uno de esos dos órganos puso a una persona para ordenar aquel descontrol: había casos prescritos, otros no comunicados, y la mayoría sencillamente olvidados en los cajones.

Miguel Cardenal se puso serio con el asunto. El entonces subdirector general de Salud y Deporte, José Luis Terreros, fue relegado del cargo y pasó a otras funciones. Su mano derecha, Miriam Pallarés, acabó destituida. Con la Ley actual, esas competencias se aúnan en la AEPSAD, que ahora dirige el propio Terreros. Tras el cierre de la Operación Puerto, la Federación Española de Ciclismo ha ofrecido a la Agencia los expedientes de Manolo Saiz, Vicente Belda e Ignacio Labarta, que deben reabrirse para su resolución, una vez que ya existe sentencia firme del caso. Durante el juicio se demostró que hubo prácticas dopantes, suficiente para sancionar por vía administrativa. Ha habido contactos entre juristas de la RFEC y la AEPSAD, pero sin solución a la vista. Esperemos que no se vuelvan a dormir en un cajón.